Por la Restitución del Ministerio del Ambiente. Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai

La Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai se suma a la preocupación y alerta ya manifestado por distintas organizaciones de la sociedad venezolana y personas sensibilizadas con el presente y futuro del acontecer ambiental en el país, a raíz del anuncio del presidente Nicolás Maduro el día 02 de septiembre pasado, en cadena nacional, de fusionar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente con el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y convertirlo ahora en el “Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat y Ecosocialismo”.

Tal anuncio derivado al día siguiente en Decreto Presidencial Nº 1227, publicado en Gaceta Oficial Nº 40489 de fecha 03/09/14, elimina como tal al Ministerio del Ambiente reduciéndolo en un “Vice-Ministerio”, y colocándosele un nombre distinto. Es decir se le quita jerarquía institucional a un órgano de la Administración Pública al que se le asignaba una fundamental responsabilidad para dar cumplimiento a los postulados establecidos en la Constitución Nacional en materia ambiental, dejando al país huérfano de la institución que nació hace 37 años que era sin duda el único y cabalmente reconocido organismo del Estado rector de la política y gestión ambiental a nivel nacional.

Con esa decisión se pone en aún mayor riesgo el panorama ambiental de Venezuela dado el esquema de desarrollo que se viene ejecutando desde hace dos décadas, pero en especial desde el 2001, basado en una estrategia de corte desarrollista, centralista y extrativista dependiente de la explotación y renta del petróleo – lo que fue llamado por Chávez como el “Socialismo Petrolero”- y en menor grado de la minería, ni siquiera acompañada de políticas ni planes de control y resarcimiento ambiental, menos aún de gestiones sostenibles que apunten al balance equilibrado en la trilogía economía, aspectos sociales y lo ambiental a pesar de ser un mandato de la actual Constitución.

Se pretende ahora darle un giro en el orden ambiental sumergiéndolo dentro de las estrategias urbanísticas, siendo la Gran Misión Vivienda la punta de lanza, y reeditando parcialmente en lo territorial funciones que fueron ya rechazadas popularmente en el Referéndum Constitucional del 2007, la llamada Nueva Geometría del Poder (el 4° Motor de aquel proyecto presentado en ese año) quitándole jerarquía a un ministerio supeditándolo a otro que tiene una misión contrapuesta a lo ambiental, pero a la vez haciéndolo dependiente de una Vicepresidencia recién creada pero ya asignada a personajes que no han escatimado esfuerzo en aplicar órdenes distintas a lo establecido en la Constitución vigente en materia de competencias territoriales.

Con esto no es difícil saber qué se busca: quitarle peso dentro de la Administración Pública a la autoridad institucional que debe velar por la debida gestión de territorios estratégicos de la Nación que con base a la todavía vigente Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio se concibieron como Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y dentro de éstas las áreas protegidas, específicamente Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Refugios y Reservas de Fauna Silvestre, Zonas Protectoras, Reservas de Biosfera, Reservas Forestales, entre otras.

Tal política no ha surgido de la noche a la mañana, es un proceso que se viene gestando, dando pasos gradualmente, en esta última década al ir debilitando en sus funciones al mismo Ministerio del Ambiente, limitándolo en recursos para la debida gestión (incluyendo presupuesto, vehículos, dotaciones al personal, etc., así como la falta de respaldo en guardería ambiental) o ejecutándose acciones y obras por parte de otras instituciones del Estado que han usurpado las funciones del primero dentro de las áreas protegidas. De esto sobran ejemplos: La Reserva Forestal Imataca con minería aurífera; la Reserva Forestal de Ticoporo y las denuncias de campamentos de la guerrilla colombiana; la Reserva Forestal de Caparo diezmada por invasiones con la vista gorda de autoridades civiles y militares; el Parque Nacional El Ávila Waraira Repano y los planes de modificar los linderos para hacer viviendas en su vertiente norte; invasiones en distintos parques nacionales como el Henri Pittier, San Esteban, El Tamá, Yacambú, etc; zonas protectoras invadidas como la de Caracas, la de San Cristóbal, etc; el Parque Nacional Médanos de Coro afectado por edificación de viviendas; el Parque Nacional Laguna de La Restinga intervenida con planes de viviendas y ahora con la construcción de un segundo puente sin que el Ministerio de Transporte Terrestre haya mostrado a las fuerzas vivas de la región una sola autorización o el estudio de impacto ambiental.

En esta nueva etapa sin Ministerio del Ambiente, el escenario que lamentablemente se espera es la profundización de las intervenciones en las áreas protegidas y un mayor incumplimiento de las normas ambientales por parte de los entes del Estado. Ante esto, no quedará otra respuesta que aplicar la contraloría social por parte de las organizaciones vecinales, las ONG, las universidades, los trabajadores, con el apoyo de los medios de comunicación independientes, y obliga a los ciudadanos en general a estar doblemente alertas de manera de no dejarse engañar ante posibles delitos ambientales e infracciones del ordenamiento jurídico en la materia.

Por último, llama la atención la cero consulta de la decisión tomada con quitarle el rango ministerial al Ambiente. Lejos quedó la Democracia Participativa que tanto se mencionaba en los primeros años de la Revolución Bolivariana y que fue consagrado en la Constitución. Prácticamente la medida gubernamental del 02 de septiembre tomó por sorpresa a los más de 3.000 empleados y trabajadores adscritos a la institución rectora del ambiente en el país, muchos de ellos se denominan orgullosamente como funcionarios del Ministerio del Ambiente que desde hace muchos años han venido cumpliendo una vocacional, ética e irremplazable labor de contribuir con la conservación ambiental y calidad de vida mediante competencias específicas (Vigilancia y Control, Planificación, Calidad Ambiental, Bosques, Biodiversidad, Meteorología, Hidrología, Cartografía, Educación Ambiental, Parques Nacionales, entre otras) tanto a nivel de los profesionales como de técnicos y obreros que en buena parte fungen como vigilantes ambientales debidamente formados y otros como guardaparques y guardafauna. Tales vitales funciones que se recogen en una institución de la categoría de un Ministerio del Ambiente con una historia que data del año 1977 no se sustituyen con anuncios de desembolsos de montos de dinero para planes de gestión en áreas ambientales destinados a entes distintos, dejando varias incertidumbres como por ejemplo si esos recursos serán manejados por las llamadas comunas u otras instancias en las que prevalecen las pautas políticas por encima de las establecidas en el marco legal de la materia.

¡Por la restitución del Ministerio del Ambiente!

Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
Geógrafo Jorge Padrón
Coordinador General

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Caracas, 21 de septiembre de 2014

 

 

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Acerca de Julio Alexander

Educador y Promotor Comunitario. Aficionado a la literatura, enamorado de Venezuela, con experiencia de trabajo y desarrollo de proyectos en comunidades populares, amante de la naturaleza.
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